En el siglo XXI, el derecho fundamental a la buena administración está alterando las bases y los modos de actuación de las organizaciones públicas, propiciando nuevas formas de entender el procedimiento administrativo, la posición de los ciudadanos, el control administrativo, el lenguaje normativo, la regulación, y, en general, el funcionamiento y la organización de las instituciones públicas.

Tratar sobre el derecho fundamental de la persona a una buena administración significa plantear la cuestión desde la perspectiva del ciudadano. En este sentido, las numerosas aportaciones científicas del equipo de IPI y en especial, del profesor Jaime Rodríguez-Arana, autor del documento que dio origen a la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos en Relación con la Administración, permite que IPI mejore la calidad y la sensibilidad social del conjunto de las Administraciones Públicas.

La buena administración como derecho fundamental de la persona obliga a las Administraciones y Poderes públicos a cambios y transformaciones relevantes que demandan nuevas perspectivas y análisis y estudios en los que efectivamente la persona sea el centro de la actuación administrativa.