BUENA ADMINISTRACIÓN

¿Qué es?

Junto al nuevo estándar de “buen gobierno” empieza a hablarse de “buena administración”. Mientras que el primero tiene un tinte político, que se plasma en el modo en que el ejecutivo desarrolla sus funciones reglamentarias y políticas; la segunda se concreta en la forma de gestión.

Con la implementación de la “buena administración”, se pretende dotar de protagonismo al ciudadano en la vida pública, de forma que dejan de ser meros sujetos pasivos en la conformación de los intereses generales.

¿Qué implica?

En el siglo XXI, el derecho fundamental a la buena administración está alterando las bases y los modos de actuación de las organizaciones públicas, propiciando nuevas formas de entender el procedimiento administrativo, la posición de los ciudadanos, el control administrativo, el lenguaje normativo, la regulación, y, en general, el funcionamiento y la organización de las instituciones públicas.

La buena administración como derecho fundamental de la persona obliga a las Administraciones y Poderes públicos a cambios y transformaciones relevantes que demandan nuevas perspectivas y análisis y estudios en los que efectivamente la persona sea el centro de la actuación administrativa.

Nuestra labor

Tratar sobre el derecho fundamental de la persona a una buena administración significa plantear la cuestión desde la perspectiva del ciudadano. En este sentido, las numerosas aportaciones científicas del equipo de IPI y en especial, del profesor Jaime Rodríguez-Arana, autor del documento que dio origen a la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos en Relación con la Administración, permite que IPI mejore la calidad y la sensibilidad social del conjunto de las Administraciones Públicas.

Fundamento jurídico

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Artículo 41. Derecho a una buena administración

1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.

2. Este derecho incluye en particular:

  • el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente,
  • el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial,
  • la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.

4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua.

OTROS SERVICIOS